Vandalismo patronal en la prensa correntina

El diario El Libertador, propiedad del dirigente peronista Rodolfo Martínez Llano, difundió como noticia su decisión de sancionar a una periodista. Lo hizo para excusarse ante el poder político provincial por la publicación de una supuesta falsa información y amedrentar al resto del plantel periodístico del matutino, a pocos días de estallar allí un conflicto por reclamos salariales. Las prácticas nefastas del empresariado de medios en la provincia.

Por Data Chaco. El periodismo correntino parece no poder tocar fondo. Hace unos días, el diario El Libertador, propiedad del dirigente peronista Rodolfo Martínez Llano, incurrió en una práctica nefasta y patotera para excusarse ante el poder político de turno de la provincia: el miércoles 4 de abril, difundió la sanción a una periodista del matutino, a quien la dirección acusa de haber publicado “con inaceptable liviandad” la información sobre la detención en Chaco de un vehículo del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) que transportaba marihuana.
Con el título El Libertador aplicó una sanción a una periodista, los máximos responsables del diario intentan sostener semejante atropello contra un trabajador con “la necesidad de despejar toda duda respecto a motivaciones o intencionalidades que no existieron de parte de la Dirección del medio, siempre cuidadoso en el respeto al trato a la clase política, sea oficialismo u oposición, funcionarios, jueces o legisladores se hace un deber dar a publicidad lo actuado puertas adentro del medio [sic]”.
De más está decir que la redacción del texto es tan pobre como vil es la acción que en él se trata de explicar, pero ello no sorprende porque el diario de Martínez Llano no solo nunca fue un dechado de excelencia periodística y ética profesional, sino tampoco de buen uso del idioma.
Días antes, El Libertador publicó en su contratapa facsímiles de notas cursadas a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, con las cuales la dirección intenta justificar el rechazo a las demandas de los empleados del matutino, la mayoría de ellos con sueldos de miseria, y desconoce a la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) como entidad gremial y el convenio de trabajo vigente para los trabajadores de prensa.
Todas estas maniobras son una verdadera afrenta puesto que la precariedad laboral reinante en los medios de comunicación y, en especial en el diario de Martínez Llano, es algo que no se puede negar ni ocultar.
Como ya se dijo en un editorial anterior de Data Chaco, quizá ya pocos recuerden a la Agencia Corrientes, la cúspide de un entramado ilícito que propició el gobierno del radical Arturo Colombi (2005-2009) con la publicidad oficial. Su final fue trágico y precipitado: el joven empresario Hernán González Moreno, cara visible de la paraestatal agencia de noticias, apareció muerto de un tiro en una estancia cerca de Goya, a 48 horas de la segunda vuelta electoral en la que finalmente Arturo perdió con su primo Ricardo, el 4 de octubre de 2009, en un episodio de corte mafioso que aún investiga la Justicia. González Moreno era un estrecho colaborador de Martínez Llano.
Lamentablemente, el nivel de venalidad existente en el periodismo local es tal que casi nadie podría acusar al propietario de El Libertador sin sentirse el muerto que se asusta del degollado. Para colmo, las autoridades provinciales, en vez de actuar a favor del cumplimiento de las leyes, conniven con los empresarios periodísticos y son cómplices de todos los atropellos que ellos cometen.
La publicación de un memorando interno con la clara intencionalidad de escrachar a una periodista y, en consecuencia, amedrentar al resto del plantel periodístico de El Libertador  representa un acto de vandalismo patronal que obliga a todos a los trabajadores de prensa a repensar sobre hasta cuándo seguir legitimando estas canalladas con el silencio y la omisión.