El feudo cambia de señor
▪ Corrientes elige gobernador este domingo. El frente que lidera el PJ intentará terminar con 16 años de colombismo, en una provincia gobernada por una casta enriquecida a costa del empobrecimiento de las mayorías, autoritaria y prebendaria.
A mediados de agosto, el gobernador chaqueño,
Domingo Peppo, asistió a la localidad correntina de Santo Tomé, de donde es
oriundo, para celebrar el aniversario de su fundación y, de paso, participar de
un encuentro del PJ provincial, que postula este año a Camau Espínola como
candidato a gobernador, y de los actos oficiales organizados por la
Municipalidad local.
La visita de Peppo desató el enojo del gobernador correntino, Ricardo Colombi, que lo cuestionó por haber hecho una donación al hospital santotomeño y respaldado a Camau, algo, si se quiere, lógico teniendo en cuenta que él y el medallista olímpico pertenecen al mismo partido político.
Sin embargo, como si fuera el dueño de Corrientes, Colombi reaccionó intemperante y criticó a su homólogo chaqueño por hacer política en su provincia, concebida como una gran estancia.
Está claro que Corrientes se define por su feudalismo político, económico y social. Colombi, que este año no puede competir para ser nuevamente gobernador y hace campaña para su delfín, Gustavo Valdés, gobierna como un señor feudal desde hace 16 años, con un interregno de cuatro años en los que se enfrentó a su primo, Arturo Colombi.
Colombi y la prensa oficialista, que es la predominante en Corrientes, atacó a Peppo de manera desmedida y lo mandó a regresar a Chaco a arreglar el desaguisado de la salud pública. Si bien es cierto que aquí el sistema sanitario está en estado de abandono, eso no justifica la reacción del gobernador correntino.
La respuesta de la Gobernación chaqueña al exabrupto del líder radical no trascendió en la provincia vecina, ya que la prensa correntina está obligada, vía pauta publicitaria oficial, a no publicar nada contra el Gobierno. “Colombi deberá entender, aunque le cueste y pretenda agredir infundadamente a nuestra provincia y a su gobernador, que somos un pueblo trabajador y con muchas dificultades, pero bregando en todo momento por igualar para arriba y no para abajo, pretendiendo achicar las asimetrías y no profundizarlas, gobernando para todos y no para sectores, pero por sobre todo, siempre luchando por lo que creemos firmemente corresponde en un estricto marco de respeto por la ley, las instituciones, las libertades políticas y las autonomías provinciales, en contra de la intolerancia y los personalismos”, dijo Juan José Bergia, ministro de Gobierno de Chaco.
Colombi es de la UCR, el partido que, según sus dirigentes, exuda republicanismo. Sin embargo, en los hechos, como quedó demostrado en las gestiones de Ángel Rozas y Roy Nikisch, ni los radicales escapan a la costumbre de, una vez en el poder, usar los principios republicanos como papel higiénico. En Corrientes, la Constitución y las leyes también pueden desenrollarse en el retrete.
Antes que con Peppo, Colombi se enojó con el jefe de un operativo antidrogas de la Policía de Santa Fe, que osó entrar a la provincia para allanar viviendas en Goya, en el suroeste correntino, por una orden del juez federal de Reconquista, en una causa de narcotráfico. El gobernador mandó a detener al jefe policial en pleno operativo, en un hecho que sorprendió a propios y extraños. El exabrupto intentó ser aplacado con la angustia de los padres de los chicos que fueron llevados por la fuerza como testigos, con el montaje desde Información Pública de un operativo de prensa con falsos testimonios.
Días después del disgusto con Peppo, hubo otra demostración de que en Corrientes la democracia se declama pero no se la practica. Invitados por la Iglesia, los candidatos a suceder a Colombi en las elecciones del 8 de octubre concurrieron a un debate en el hospital Escuela. Participaron Valdés y Gustavo Canteros, la fórmula del frente de Colombi; Camau y Nito Artaza, de Podemos Más, y Sebastián Ríos Brisco, un macrista expulsado de Pro correntino y cuya candidata a vicegobernadora, que no concurrió a la cita, lleva el apellido del presidente, Lorena Macri.
Cuando Ríos Brisco hablaba, haciendo uso del tiempo asignado sobre un tema en particular, las burlas de Valdés y de sus seguidores empezaron a calentar el ambiente, al punto que Camau se tuvo que parar y pedirle al delfín de Colombi que frenara la exaltación de su gente. Valdés, lejos de apaciguar a su parcialidad exaltada, pronunció un discurso de tribuna, con frases del libreto anti-K más básico, y enardeció a todos.
El debate, denominado Encuentro para el Diálogo, fue suspendido debido a la intemperancia radical. Pese a lo evidente, la UCR y sus aliados salieron a acusar al PJ de llevar al fracaso la convocatoria e intentaron instalar esa mirada en los medios de prensa, con poco éxito.
Valdés es un dirigente radical que, como diputado nacional, es integrante del Consejo de la Magistratura, una de las trincheras del macrismo y sus socios radicales y lilitos para asegurar la embestida judicial contra Cristina Fernández. Su discurso de campaña para ser gobernador de Corrientes sigue los mismos lineamientos vacuos y virulentos del macrismo más exacerbado, haciendo hincapié en que durante los 12 años del kirchnerismo Corrientes fue supuestamente “discriminada” por el gobierno de los Kirchner, sin mencionar que de esos 12 años, solo durante 6 los Colombi no tuvieron acceso a la Casa Rosada, ya que los primos estuvieron entre los primeros radicales K de la transversalidad y, en 2009, apenas ganó el balotaje, Ricardo recurrió a Néstor Kirchner en ayuda. El alejamiento sobrevino con la 125 y la revuelta patronal ruralista de 2008, pero Ricardo Colombi mantuvo contactos con el kirchnerismo hasta después de haber asumido en 2009.
La visita de Peppo desató el enojo del gobernador correntino, Ricardo Colombi, que lo cuestionó por haber hecho una donación al hospital santotomeño y respaldado a Camau, algo, si se quiere, lógico teniendo en cuenta que él y el medallista olímpico pertenecen al mismo partido político.
Sin embargo, como si fuera el dueño de Corrientes, Colombi reaccionó intemperante y criticó a su homólogo chaqueño por hacer política en su provincia, concebida como una gran estancia.
Está claro que Corrientes se define por su feudalismo político, económico y social. Colombi, que este año no puede competir para ser nuevamente gobernador y hace campaña para su delfín, Gustavo Valdés, gobierna como un señor feudal desde hace 16 años, con un interregno de cuatro años en los que se enfrentó a su primo, Arturo Colombi.
Colombi y la prensa oficialista, que es la predominante en Corrientes, atacó a Peppo de manera desmedida y lo mandó a regresar a Chaco a arreglar el desaguisado de la salud pública. Si bien es cierto que aquí el sistema sanitario está en estado de abandono, eso no justifica la reacción del gobernador correntino.
La respuesta de la Gobernación chaqueña al exabrupto del líder radical no trascendió en la provincia vecina, ya que la prensa correntina está obligada, vía pauta publicitaria oficial, a no publicar nada contra el Gobierno. “Colombi deberá entender, aunque le cueste y pretenda agredir infundadamente a nuestra provincia y a su gobernador, que somos un pueblo trabajador y con muchas dificultades, pero bregando en todo momento por igualar para arriba y no para abajo, pretendiendo achicar las asimetrías y no profundizarlas, gobernando para todos y no para sectores, pero por sobre todo, siempre luchando por lo que creemos firmemente corresponde en un estricto marco de respeto por la ley, las instituciones, las libertades políticas y las autonomías provinciales, en contra de la intolerancia y los personalismos”, dijo Juan José Bergia, ministro de Gobierno de Chaco.
Colombi es de la UCR, el partido que, según sus dirigentes, exuda republicanismo. Sin embargo, en los hechos, como quedó demostrado en las gestiones de Ángel Rozas y Roy Nikisch, ni los radicales escapan a la costumbre de, una vez en el poder, usar los principios republicanos como papel higiénico. En Corrientes, la Constitución y las leyes también pueden desenrollarse en el retrete.
Antes que con Peppo, Colombi se enojó con el jefe de un operativo antidrogas de la Policía de Santa Fe, que osó entrar a la provincia para allanar viviendas en Goya, en el suroeste correntino, por una orden del juez federal de Reconquista, en una causa de narcotráfico. El gobernador mandó a detener al jefe policial en pleno operativo, en un hecho que sorprendió a propios y extraños. El exabrupto intentó ser aplacado con la angustia de los padres de los chicos que fueron llevados por la fuerza como testigos, con el montaje desde Información Pública de un operativo de prensa con falsos testimonios.
Días después del disgusto con Peppo, hubo otra demostración de que en Corrientes la democracia se declama pero no se la practica. Invitados por la Iglesia, los candidatos a suceder a Colombi en las elecciones del 8 de octubre concurrieron a un debate en el hospital Escuela. Participaron Valdés y Gustavo Canteros, la fórmula del frente de Colombi; Camau y Nito Artaza, de Podemos Más, y Sebastián Ríos Brisco, un macrista expulsado de Pro correntino y cuya candidata a vicegobernadora, que no concurrió a la cita, lleva el apellido del presidente, Lorena Macri.
Cuando Ríos Brisco hablaba, haciendo uso del tiempo asignado sobre un tema en particular, las burlas de Valdés y de sus seguidores empezaron a calentar el ambiente, al punto que Camau se tuvo que parar y pedirle al delfín de Colombi que frenara la exaltación de su gente. Valdés, lejos de apaciguar a su parcialidad exaltada, pronunció un discurso de tribuna, con frases del libreto anti-K más básico, y enardeció a todos.
El debate, denominado Encuentro para el Diálogo, fue suspendido debido a la intemperancia radical. Pese a lo evidente, la UCR y sus aliados salieron a acusar al PJ de llevar al fracaso la convocatoria e intentaron instalar esa mirada en los medios de prensa, con poco éxito.
Valdés es un dirigente radical que, como diputado nacional, es integrante del Consejo de la Magistratura, una de las trincheras del macrismo y sus socios radicales y lilitos para asegurar la embestida judicial contra Cristina Fernández. Su discurso de campaña para ser gobernador de Corrientes sigue los mismos lineamientos vacuos y virulentos del macrismo más exacerbado, haciendo hincapié en que durante los 12 años del kirchnerismo Corrientes fue supuestamente “discriminada” por el gobierno de los Kirchner, sin mencionar que de esos 12 años, solo durante 6 los Colombi no tuvieron acceso a la Casa Rosada, ya que los primos estuvieron entre los primeros radicales K de la transversalidad y, en 2009, apenas ganó el balotaje, Ricardo recurrió a Néstor Kirchner en ayuda. El alejamiento sobrevino con la 125 y la revuelta patronal ruralista de 2008, pero Ricardo Colombi mantuvo contactos con el kirchnerismo hasta después de haber asumido en 2009.
Colombi festeja la llegada de Maurice Macri al gobierno en cuanto discurso
pronuncia, con el argumento de que el 10 de diciembre de 2015 los argentinos
“recuperaron” la libertad. Sin embargo, en la provincia que él gobierna las
libertades están bastante restringidas en diversos aspectos. Veinte días antes
de las elecciones para elegir a su sucesor, la Justicia correntina dio una
muestra más de su dependencia del poder político al inhabilitar a dos
candidatos del peronismo con vasta aceptación popular en sus comarcas: el
mercedeño Víctor Cemborain y el goyano Gerardo Bassi, declarados por Colombi
enemigos políticos y proscriptos por el Superior Tribunal de Justicia (STJ),
donde uno de sus miembros es el esposo de una senadora del oficialismo y
candidata de la lista del gobernador y otro, hermano de un candidato también
oficialista.
Todo lo que el radicalismo y sus socios criticaron y critican del gobierno de Cristina es puesto verdaderamente en práctica por ECO, como es el caso de la injerencia directa del Ejecutivo en el Poder Judicial, tal como sucede en otra provincia gobernada por un radical, la Jujuy de Gerardo Morales, conocida en el mundo por la detención ilegal de Milagro Sala, presa política del macrismo.
El radicalismo no se priva de nada a la hora de la pelea electoral. Ni siquiera de los ardides más burdos, como el que pergeñó para sacarle votos a Camau el 8 de octubre. El oficialismo, con la complicidad de la Justicia, armó en días un nuevo partido político. Lo llamó Cambio, Austeridad y Progreso, con la sigla CAMAU. Obviamente que las boletas con ese nombre podrían confundir al electorado, ya que Camau es el apodo con que el candidato del PJ se presenta en las elecciones. Finalmente, la maniobra quedó desactivada cuando la Justicia exigió al novel partido cambiar la presentación de su nombre en la boleta.
Estos atropellos no salen a la luz en la prensa correntina sencillamente porque los propietarios de los medios de comunicación forman parte de la elite político-económica que regentea los destinos del millón de correntinos y expolia a las grandes mayorías para conservar no solo el poder político sino también sus réditos económicos.
En las campañas electorales no hay un debate serio sobre los problemas de la provincia, certificados por los datos oficiales del Indec, como el 40% de pobreza registrado en el primer semestre de 2017, uno de los índices más altos del país. Nadie habla de desnutrición ni mortalidad infantil (14,5 por mil), ni del analfabetismo, ni de la desigualdad, ni de la falta de viviendas y servicios básicos como el agua potable, ni de los bajos sueldos (el 51% de la planta de estatales cobra menos de 12.000 pesos) y la precarización laboral en el Estado y el sector privado, ni de la corrupción ni de los ñoquis en la Legislatura, ni los abusos de poder y arbitrariedades de todo tipo.
Nadie entiende por qué los correntinos deben solventar varias residencias oficiales, donde viven el gobernador, el vicegobernador y ministros, cuando estos son funcionarios cuyos salarios les permiten alquilarse una vivienda en la capital si son del interior. El colmo es el caso del vicegobernador, que tiene una mansión y un hotel en la capital, pero vive en una casa que pagan todos los correntinos. No actúan como gobernantes, sino como señores feudales.
Quien quiera realmente instaurar un cambio en Corrientes, deberá terminar con esa casta prebendaria que detenta y abusa del poder, y distribuye privilegios entre parientes, amantes y entenados. Si no se intenta al menos eliminar de cuajo esas estructurales de corte medioeval, todo seguirá igual en Corrientes.
En la provincia hay decenas de partidos políticos, la mayoría de los cuales se forman con las afiliaciones de familiares y conocidos; sin embargo, la sociedad está políticamente anestesiada. Las marchas y las protestas son escasas y las pocas que hay pertenecen a los colectivos de organizaciones civiles, como las que luchan contra la violencia de género. Rara vez algún sindicato planta un reclamo en la calle.
El 8 de octubre, los correntinos elegirán al nuevo gobernador (no hay ninguna candidata a ocupar ese cargo), que será el quinto desde 2001, cuando finalizó la última intervención federal, más allá de que la alternancia en 16 años se haya dado solo entre dos personas: Ricardo, Arturo, Ricardo, Ricardo.
La sociedad política de los primos se rompió apenas Arturo armó su propia estructura de poder. Esa ruptura le costó la vida al empresario Hernán González Moreno, que, en plena campaña electoral, denunció a Ricardo Colombi por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. El joven, que comandaba una agencia estatal de noticias creada para hacer campaña a favor de Arturo, fue hallado con un disparo en la cabeza a horas de la segunda vuelta electoral en la que se terminó imponiendo Ricardo, el 4 de octubre de 2009, en un caso que se cerró a las apuradas como suicidio.
Las disputas políticas en Corrientes se zanjan con violencia. El feudalismo está tan arraigado que eso es “normal” para la gran mayoría de los correntinos, la cual permanece ajena a los entuertos del poder, pese a que es la más perjudicada. Quizá eso explique por qué hay tanta corrupción en Corrientes: desde la estructural en los estamentos del Estado, en particular la Justicia, hasta las estafas menos gravosas del día a día. Y por qué el esperpento se enseñoreó de esas tierras: el 8 de julio se derrumbó un puente en Esquina y, días después, un automóvil cayó al agua porque no había señalización suficiente ni vallado ni personal que advirtiera que la ruta terminaba en un arroyo. El conductor del vehículo se ahogó.
El latrocinio como vía para enriquecerse y empobrecer a las mayorías goza de plena salud en Corrientes y ningún candidato ni ningún partido político lo pone sobre el tapete. En consecuencia, el nuevo gobernador, sea quien fuere, será uno más. Otro señor del feudo.
Todo lo que el radicalismo y sus socios criticaron y critican del gobierno de Cristina es puesto verdaderamente en práctica por ECO, como es el caso de la injerencia directa del Ejecutivo en el Poder Judicial, tal como sucede en otra provincia gobernada por un radical, la Jujuy de Gerardo Morales, conocida en el mundo por la detención ilegal de Milagro Sala, presa política del macrismo.
El radicalismo no se priva de nada a la hora de la pelea electoral. Ni siquiera de los ardides más burdos, como el que pergeñó para sacarle votos a Camau el 8 de octubre. El oficialismo, con la complicidad de la Justicia, armó en días un nuevo partido político. Lo llamó Cambio, Austeridad y Progreso, con la sigla CAMAU. Obviamente que las boletas con ese nombre podrían confundir al electorado, ya que Camau es el apodo con que el candidato del PJ se presenta en las elecciones. Finalmente, la maniobra quedó desactivada cuando la Justicia exigió al novel partido cambiar la presentación de su nombre en la boleta.
Estos atropellos no salen a la luz en la prensa correntina sencillamente porque los propietarios de los medios de comunicación forman parte de la elite político-económica que regentea los destinos del millón de correntinos y expolia a las grandes mayorías para conservar no solo el poder político sino también sus réditos económicos.
En las campañas electorales no hay un debate serio sobre los problemas de la provincia, certificados por los datos oficiales del Indec, como el 40% de pobreza registrado en el primer semestre de 2017, uno de los índices más altos del país. Nadie habla de desnutrición ni mortalidad infantil (14,5 por mil), ni del analfabetismo, ni de la desigualdad, ni de la falta de viviendas y servicios básicos como el agua potable, ni de los bajos sueldos (el 51% de la planta de estatales cobra menos de 12.000 pesos) y la precarización laboral en el Estado y el sector privado, ni de la corrupción ni de los ñoquis en la Legislatura, ni los abusos de poder y arbitrariedades de todo tipo.
Nadie entiende por qué los correntinos deben solventar varias residencias oficiales, donde viven el gobernador, el vicegobernador y ministros, cuando estos son funcionarios cuyos salarios les permiten alquilarse una vivienda en la capital si son del interior. El colmo es el caso del vicegobernador, que tiene una mansión y un hotel en la capital, pero vive en una casa que pagan todos los correntinos. No actúan como gobernantes, sino como señores feudales.
Quien quiera realmente instaurar un cambio en Corrientes, deberá terminar con esa casta prebendaria que detenta y abusa del poder, y distribuye privilegios entre parientes, amantes y entenados. Si no se intenta al menos eliminar de cuajo esas estructurales de corte medioeval, todo seguirá igual en Corrientes.
En la provincia hay decenas de partidos políticos, la mayoría de los cuales se forman con las afiliaciones de familiares y conocidos; sin embargo, la sociedad está políticamente anestesiada. Las marchas y las protestas son escasas y las pocas que hay pertenecen a los colectivos de organizaciones civiles, como las que luchan contra la violencia de género. Rara vez algún sindicato planta un reclamo en la calle.
El 8 de octubre, los correntinos elegirán al nuevo gobernador (no hay ninguna candidata a ocupar ese cargo), que será el quinto desde 2001, cuando finalizó la última intervención federal, más allá de que la alternancia en 16 años se haya dado solo entre dos personas: Ricardo, Arturo, Ricardo, Ricardo.
La sociedad política de los primos se rompió apenas Arturo armó su propia estructura de poder. Esa ruptura le costó la vida al empresario Hernán González Moreno, que, en plena campaña electoral, denunció a Ricardo Colombi por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. El joven, que comandaba una agencia estatal de noticias creada para hacer campaña a favor de Arturo, fue hallado con un disparo en la cabeza a horas de la segunda vuelta electoral en la que se terminó imponiendo Ricardo, el 4 de octubre de 2009, en un caso que se cerró a las apuradas como suicidio.
Las disputas políticas en Corrientes se zanjan con violencia. El feudalismo está tan arraigado que eso es “normal” para la gran mayoría de los correntinos, la cual permanece ajena a los entuertos del poder, pese a que es la más perjudicada. Quizá eso explique por qué hay tanta corrupción en Corrientes: desde la estructural en los estamentos del Estado, en particular la Justicia, hasta las estafas menos gravosas del día a día. Y por qué el esperpento se enseñoreó de esas tierras: el 8 de julio se derrumbó un puente en Esquina y, días después, un automóvil cayó al agua porque no había señalización suficiente ni vallado ni personal que advirtiera que la ruta terminaba en un arroyo. El conductor del vehículo se ahogó.
El latrocinio como vía para enriquecerse y empobrecer a las mayorías goza de plena salud en Corrientes y ningún candidato ni ningún partido político lo pone sobre el tapete. En consecuencia, el nuevo gobernador, sea quien fuere, será uno más. Otro señor del feudo.
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